Por José Granados Fernández

Twitter @JoseGranadosF

“En Estados Unidos la justicia dice: …a los tres strikes, estás out; es decir, al tercer delito grave, el responsable no saldrá de la cárcel”.

La forma como opera la justicia estadounidense la evocaron dos funcionarios al conocer la captura de Fabián Arturo Llamas Pacheco, con 22 anotaciones judiciales, peligroso atracador o ‘fletero’, que tenía detención domiciliaria pese a su prolífico prontuario delictivo con 22 anotaciones: 10 por hurto, nueve por porte ilegal de armas de fuego, dos por fuga de presos y una por homicidio.

¿En Barranquilla, cuáles son los criminales con más delitos que están en sus casas y no en una cárcel?, fue la pregunta que nos planteamos en Emisora Atlántico y Zona Cero.com luego de conocer el caso de “Pacheco” y los cuestionamientos que por cuenta de las domiciliarias le hicieron, hace dos semanas, al Sistema Judicial de Barranquilla en la reunión que presidió la procuradora Margarita Cabello.

El alcalde Jaime Pumarejo, en repetidas ocasiones, la última vez ante militares y policías a su regreso de Estados Unidos, también ha expresado sus críticas y su preocupación sobre este tipo de decisiones en favor de criminales, que, “pese a las contundentes pruebas, por razones difusas y oscuras, terminan en casa por cárcel o, ¡peor aún!, en libertad para seguir delinquiendo”.

Los multidelitos

Los registros estadísticos que obtuvimos de la Policía Metropolitana son escalofriantes. Por cuenta de los delitos que han cometido, en el ranking de los más capturados con domiciliaria está gran parte de la explicación de la ola de inseguridad que vive Barranquilla por las extorsiones y las amenazas de muerte a tenderos, comerciantes y empresarios y los homicidios, la mayoría de estos por enfrentamientos de bandas criminales que disputan el lucrativo negocio de la venta de droga en el Área Metropolitana.

“Sin justicia la criminalidad es libre y actuante”, apuntó uno de los funcionarios consultados cuando repasaba el historial delictivo de quienes se encuentran en este “grupo de beneficiados con domiciliaria”.

Lo dijo tras recordar que el Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, aunque es considerado garantista para los derechos de los procesados, establece en su capítulo tercero cuando debe dictarse medida de aseguramiento, especialmente la intramural o en recinto carcelario.

Señala la norma que al analizar si envía o no a la cárcel a un imputado, el juez valorará si es un “peligro para la seguridad de la comunidad” por circunstancias, entre otras, como que pueda “continuar con la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales”; el número de delitos que le imputen y la naturaleza de los mismos; si ha “utilizado armas de fuego; armas convencionales; armas de fuego hechizas o artesanales; arma, elementos y dispositivos menos letales, o armas blancas” para cometer sus delitos; si “hace parte de un grupo de delincuencia organizada”.

Por eso, no se entiende que en la lista de los multidelitos con detención domiciliaria o, lo que es peor, en libertad se encuentren, en primer lugar, casos como el de alias “Carlitos”, otro peligroso atracador, con 28 anotaciones: 24 por hurto calificado y agravado, dos por fuga de preso y dos por violencia intrafamiliar.

El segundo es alias “Machete”. Tiene 25 anotaciones, entre ellas, siete por lesiones personales, seis por porte ilegal de arma de fuego, cuatro por concierto para delinquir, cuatro por hurto y una por homicidio. “Pacheco”, ya mencionado, es el tercero, y “Bress” figura en cuarto lugar con 17 delitos: 8 por porte ilegal de armas de fuego, siete hurtos y uno por fuga de presos.

El quinto multidelitos es “Joselito” con 12 anotaciones por hurto agravado y una por concierto para delinquir; le sigue alias “Toño” que tiene 10, de las cuales siete son por hurto; y “Kevincito” y “Lozcano” cada uno figura con nueve delitos encima, como porte ilegal de armas de fuego y hurto.

En octavo lugar, con ocho anotaciones, están “Ratica”, a quien le figuran tres por porte ilegal, dos homicidios y dos por tráfico de estupefacientes, y Digno Palomino, con domiciliaria, con dos por porte ilegal, dos por concierto para delinquir, una por homicidio, extorsión y hurto agravado, entre otros delitos.

Los alias “Tomy”, “Kevin” y “Yeremy” están en el puesto nueve con seis anotaciones. El último de estos tenía dos domiciliarias, fue imputado por la masacre de Las Flores, que dejó seis víctimas, así como por otros cuatro homicidios y por concierto para delinquir. Lo mandaron a la cárcel no por el asesinato colectivo en el barrio ribereño al norte de Barranquilla, sino por otro caso de Soledad.

“Junior Guerra”, “Dionar” y “Pipe” siguen con cinco delitos imputados, como porte ilegal de armas de fuego, extorsión, homicidios, hurto agravado y tráfico de estupefacientes. El primero de éstos tenía domiciliaria cuando fue sorprendido extorsionando, pero tras la nueva imputación fue enviado otra vez para su casa.

El ranking lo integran también “Machetico” y “Chontico” con cuatro anotaciones: porte ilegal de arma, extorsiones y homicidios.

Si bien en la mayoría de los casos las domiciliarias las han decidido los jueces, en el caso de alias “Brayita” fue, inexplicablemente, la Fiscalía la que pidió la domiciliaria, a pesar de que el sujeto fue capturado con un fusil de francotirador, más 24 balas para esta arma de guerra, y tenía una condena por homicidio y fuga de presos.

¿Qué papel han jugado los Procuradores Judiciales en las audiencias donde han sido ordenadas las detenciones domiciliarias de estos delincuentes?, es otro interrogante que surge y sobre el cual la procuradora Cabello anunció, en el mea culpa institucional que hizo en la reunión de seguridad, que revisarían. Hasta el momento no se han conocido detalles ni resultados de dichas evaluaciones.

Como tampoco se conoce si el Consejo Superior de la Judicatura seccional Atlántico ha analizado el porqué de tantas domiciliarias a peligrosos delincuentes y si ha expuesto en alguna reunión su preocupación por las argumentaciones de los fiscales que llevaron a jueces de Control de Garantía a tomar estas decisiones cuando está claro que el Código de Procedimiento Penal dice lo contrario.

“El problema es de aplicación de las normas, no de reformas”, opinó un penalista sobre lo no aplicación de la justicia contra la creciente delincuencia y criminalidad; “aquí el asunto es jugar a las dilaciones, porque esta es una falsa justicia en la que se contentan con las capturas para las estadísticas, pero no dicen que la mayoría de los casos quedan en la impunidad por una sencilla razón: no hay condenas”, enfatizó un conocedor del funcionamiento del sistema en los estrados judiciales.

Advierte que si no hay decisión judicial de fondo, especialmente condenas con las pruebas que existen contra dichos imputados, estos podrían terminar demandando al Estado.